Juanma Blázquez Hernández. Gestoría FAL – ASEFIN.
En los albores de la huelga general del 14 de Noviembre y con el pueblo español reclamando a toda costa entre otras muchas cosas¸ una solución al problema social que suponen los desahucios y que se ha acentuado tras las situaciones que han llevado a varias personas a suicidarse¸ sale a relucir la pregunta de qué precio estamos dispuestos a pagar para salvar nuestra economía. Aunque la respuesta obvia es que la vida de las personas es un precio demasiado alto¸ la triste realidad no es esa. Con esta dramática situación como escenario y aunque tarde¸ han comenzado a aparecer soluciones.
Una de estas soluciones en forma de atisbo de esperanza es la que ha lanzado Abogacía española¸ órgano representativo de los colegios de abogados¸ en forma de escrito-tipo en el que se presentan alegaciones al juzgado competente para frenar un posible desahucio por ejecución hipotecaria¸ basándose en el artículo 3.1 del Código Civil¸ el cual establece que las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo “a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”. Además está fundado en los derechos humanos¸ en concreto el derecho a una vivienda adecuada. Les ofrecemos el escrito en el siguiente enlace: http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/11/Escrito-Abogacia-suspension-ejecuciones-hipotecarias.pdf
Otra de las posibles situaciones que calmen esta alarma social es la ofrecida por la Asociación Española de Banca (AEB) y de la que forman parte entidades como Santander Consumer Finance o Popular Banca Privada¸ y que consiste en paralizar los desahucios previstos por sus socios en los casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad”¸ atendiendo a razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social¸ Esta decisión ha sido tomada tras las reuniones mantenidas con el Secretario de Estado de Economía y Competitividad¸ la Defensora del Pueblo y el Gobernador del Banco de España.
Por último¸ el gobierno junto al primer partido de la oposición se han sentado a negociar posibles soluciones a la emergencia social citada que plasmar en un decreto¸ y aunque no están totalmente de acuerdo sobre la medida a adoptar tienen puntos en común¸ por ejemplo que si se ayuda a los bancos¸ también se ha de ayudar a los ciudadanos¸ sobre todo cuando está el bienestar o la vida de las personas en juego. Algunas de las medidas concretas son la de incentivar el crecimiento de alquileres sociales y el pago de la deuda en mayor plazo o la prohibición de desahucio por debajo de un determinado nivel de renta. Aunque son muchas las espectativas creadas¸ desde algunos sectores de la banca y desde Bruselas han frenado estas espectativas mostrándose reacios a modificar la ley hipotecaria¸ por lo que hemos de esperar al fin de las negociaciones.
No obstante¸ queda la esperanza de la ayuda mutua entre los integrantes de la sociedad española¸ como es el caso del escrito facilitado por abogacía española.